jueves, 10 de octubre de 2013

NI PONGO NI QUITO. ES LA REALIDAD

JOSÉ LUIS COLOMER HERNÁNDEZ ( 1924-2012). DURAR ES VALER./ HERRERÍN. R. MADRID,. TÍTULO: JOSÉ LUIS COLOMER HERNÁNDEZ ( 1924-2012).DURAR ES VALER. José Luis Colomer Hernández es natural de Venta de Baños, provincia de Palencia. Es socio fundador de Pryconsa en 1965, sociedad de la que fue Consejero ... El juez Torres imputa al presidente de Pryconsa por estafa urbanística en Madrid. El juez Santiago Torres, conocido por instruir el «caso Guateque» (una presunta red de corrupción entre funcionarios del Ayuntamiento de Madrid), investiga un escándalo urbanístico que implica a Pryconsa, una de las inmobiliarias más activas en la capital, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales. La investigación señala al presidente de Pryconsa, José Luis Colomer Hernández, como uno de los presuntos autores de la estafa cometida sobre unos terrenos situados en Valdecarros (al sureste de Madrid), donde está prevista una de las mayores actuaciones urbanísticas de la capital con la construcción de más de 50.000 viviendas. El juez Torres, que ya ha dictado auto de procedimiento abreviado (el caso está sólo pendiente de señalamiento de fecha de juicio), ha imputado también a otras seis personas, entre ellas un notario, Carmelo Lacaci, y un registrador de la propiedad, Juan José Alonso Salvador, a quienes acusa de prevaricación, estafa y delitos de simulación de contrato. Los hechos se remontan a 2001, cuando los acusados tuvieron conocimiento de que existían unos terrenos en Valdecarros, de 44.000 metros cuadrados, cuya dueña había fallecido en 1931. La finca estaba presuntamente abandonada, pues su última anotación registral se refería a ese año. Los imputados, entonces, «se concertaron entre sí para hacerse con la propiedad y los aprovechamientos urbanísticos», según la investigación del juez Torres. Para ello hurdieron una rocambolesca historia con el objetivo de transferir la propiedad a unos nuevos dueños. En primer lugar, necesitaban a alguien que se hiciera pasar por heredero de Vicenta Bonal, la dueña legítima de los terrenos. Para ello, y según el relato de los hechos que obra en las actuaciones, contactaron con dos personas que se apellidaban igual que la dueña original, pero éstas se negaron a ser partícipes de la simulación. Entonces, por motivos que se desconocen, los acusados dieron con el ciudadano cubano Andrés Lorenzo, quien se prestó a actuar en nombre de una anciana con domicilio en Cuba que aseguraba ser propietaria de esa finca por haberla adquirido su abuela. «Sin que exista documento privado alguno y sin ni siquiera decir la fecha de adquisición, los acusados se propusieron hacerse con su propiedad», añade el fiscal en su escrito de acusación. A través de una adición de herencia, alegando que la anciana había omitido incluir la finca cuando falleció su madre, Andrés Lorenzo logró que se cambiara la titularidad de los terrenos. Justo un mes antes, ya había vendido la finca a una sociedad, Invespat, por 80 millones de pesetas, cuyo pago estaba condicionado a que se consiguiera poner la finca a nombre de la cubana. Una vez cumplido el trámite más complicado, entró en juego el notario imputado, Carmelo Lacaci, quien tramitó el acta de la finca a favor de Invespat el 26 de julio de 2001. Para eso sólo practicó, según el escrito de acusación del fiscal, la prueba documental consistente en la acreditación de la titularidad registral y catastral de la finca por Vicenta Bonal y la declaración de dos testigos también de nacionalidad cubana, quienes dijeron tener conocimiento de que la finca la compró la abuela de la señora cubana, sin dar ninguna prueba de ello y sin ni siquiera haber residido nunca en España. De ahí, al registro de la propiedad, donde el registrador Juan José Alonso Salvador, «sin comprobar la adecuación del expediente a la legalidad inscribió la titularidad a favor de Invespat». Sólo tres meses después se traspasaron los terrenos a Cogeinsa, la sociedad de la familia Colomer que ostenta la mayoría de las acciones de Pryconsa. Los hechos no hubieran sido descubiertos nunca si las dos primeras personas con las que contactactaron los imputados, que se negaron a participar en la presunta estafa, no se hubieran puesto en contacto con los herederos legítimos de Vicenta Bonal, quienes no sabían nada de la existencia de esa finca. Decidieron denunciar los hechos ante la justicia, que por ahora les ha dado la razón. El juez Torres considera que el presidente de Pryconsa y otros cuatro imputados han incurrido en un delito de simulación de contrato y otro de estafa. Al notario y al registrador les acusa de prevaricación, además de coautores de estafa. Además, el magistrado declara al Estado responsable civil subsidiario, ya que el notario y el registrador son funcionarios públicos. Le exige una fianza de 12 millones de euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. En el juicio, que tardará unos meses en celebrarse, se dilucidará si todos ellos son culpables.

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